PUBLICAN INFORME BACHALET Y DEJAN MAL PARADO RÉGIMEN DE MADURO POR VIOLACIÓN GRAVE DE DERECHOS HUMANOS

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 Hoy fue publicado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la grave situación que vive Venezuela, documento que deja muy mal parado al gobierno de Maduro ante el mundo

sunoticia.com

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó éste miércoles el informe sobre las «graves violaciones a los DDHH» perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. 

El documento que fue elaborado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michell Bachalet, luego de su visita de tres días a Venezuela, entre el 19 al 21 de junio pasado.

La funcionaria insta al régimen de Maduro a asumir ya, medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.

«Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho», explicó Bachelet.

El documento contiene 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de DDHH en Venezuela y otros ocho países.

Se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».

Todas éstas estrategias activadas por Nicolás Maduro, sostiene el informe, han permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

La profunda crisis económica ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales como alimentación y salud, entre otros.

Advierten sobre más éxodo

El informe de Bachelet advierte que si la situación no mejora, continuará el éxodo de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

El espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido

Bachelet detalla la «paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década».

Presiones, militares y paramilitares citados

“Tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los períodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones».

Refiere acción de los grupos armados civiles conocidos como «colectivos», y afirma que «han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones». 

El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 «son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos».

«La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada», denuncia. 

En 2018 el régimen de Maduro registró 5.287 muertes, supuestamente por «resistencia a la autoridad», en el curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio chavismo. Señala el documento, «otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores».

Ojo al FAES

El FAES (Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana) tomó fuerza como grupo de tareas. De manera sigilosa, sin grandes operativos y con agentes anónimos -van siempre con la cara cubierta- se ocuparon de sofocar cualquier protesta en los barrios más pobres del país.

«Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial», agrega la Alta Comisionada para los DDHH.

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