MADURO EN APRIETOS GRAVES comprueban en la OEA que su régimen ha cometido delitos de Lesa Humanidad

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Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro, lo que podría llevarlo a la Corte Penal Internacional de  La Haya, y la denuncia sería por unos de los 28 países suscritos

sunoticia.com

En su informe y resumen ejecutivo presentado hoy, un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se refirió al tema luego de conocido el informe y dijo que se encargará que se haga justicia para los venezolanos por los delitos de lesa humanidad que contra ellos se ha cometido.

¿Qué son delitos de lesa humanidad?

Los crímenes de lesa humanidad se definen en el artículo 7 del Estatuto de Roma como los actos que enuncia, «cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque«.

Venezuela es un Estado Parte en el Estatuto de Roma, por tanto de la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre cualquier delito cometido en el territorio de Venezuela o por nacionales venezolanos desde el 1 de julio de 2002.

Así que la situación del régimen de Nicolás Maduro, está definitivamente en dificultades porque los delitos de lesa no prescriben y son las graves que se comenten contra «la humanidad», como lo dice su nombre.

De ser denunciado Maduro y los responsables de los delitos en Venezuela, y comprobarse su delito las penas son  muy severas.

En el caso de Venezuela quienes serían acusados deberán responder por  131 asesinatos  ocurridos  durante las protestas de 2014 y 2017, que según el Informe OEA, fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos.

También tendría que dar cuentas el régimen de Maduro y sus jerarcas de 8.292 ejecuciones extrajudiciales que fueron  documentadas desde 2015. 

El  informe identifica también  más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013

A todo esto le suman más de 1.300 presos políticos, detenidos por su oposición al gobierno.

Identifican también los expertos  de la OEA un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.

El Panel de expertos

El panel de expertos que presentaron este martes el informe fueron  Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá) y Manuel Ventura Robles (Costa Rica),  quienes  recomendaron  a los países miembros de la OEA y a su Secretario General, Luis Almagro, remitir  el Informe y la evidencia recopilada a la  Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

Recomiendan también al Secretario General  que invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma.

El informe incluye:

  • 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la Secretaría General.
  • Docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadasentregadas a la Secretaría General, a lo largo del proceso.
  • Documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.

Ni el Panel ni la Secretaría General de la OEA han tenido la posibilidad de realizar misiones sobre el terreno en el territorio en cuestión para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas.

La versión disponible públicamente del informe incluye secciones que han sido oscurecidas para proteger la identidad de las víctimas y/o los miembros de sus familias que temen represalias por testificar sobre crímenes y abusos.

 

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